R-CALF USA, uno de los sindicatos más importantes vinculados al negocio de la industria cárnica de Estados Unidos, remitió una solicitud de once páginas al presidente Donald Trump, al Presidente del Comité Judicial del Senado, Charles Grassley, al Secretario de Justicia Jeff Sessions y al Secretario de Agricultura, Sonny Perdue, para que se lleve adelante una investigación completa y una estricta acción antimonopolio a raíz de la cantidad de cargos de corrupción existentes contra JBS.
El CEO de la organización, Bill Bullard, denunció que modelo de negocios de JBS incluía prácticas ilegales para influir en los responsables políticos y era muy probable que JBS haya implementado ese mismo modelo de negocio corrupto en los Estados Unidos.
«Se necesita una investigación completa y estricta para determinar el alcance total de las actividades potencialmente ilegales de JBS en los Estados Unidos y el impacto que tales actividades ilegales han tenido en el segmento más grande de la agricultura estadounidense”.
JBS es la segunda mayor empresa de envasado de carne en los Estados Unidos y es propietaria de la mayor compañía de alimentación de ganado de la nación, que el grupo sostiene fue utilizada por JBS, junto con el ganado importado y la carne, para manipular los mercados de ganado en 2015 y 2016, que tuvieron fuertes caídas en los precios.
El grupo señaló que JBS ha tenido una poderosa influencia en Capitol Hill y alegó que los funcionarios estadounidenses ayudaron a JBS a construir un monopolio, a constituirse en un verdadero imperio en el mercado de proteína de los EE.UU. con las ganancias mal adquiridas de la compañía. También señaló que el poder de mercado dominado por JBS ha facilitado las violaciones de las leyes antitrust y la conducta ilegal que amenaza la seguridad alimentaria doméstica.
Desde 2008, R-CALF USA ha pedido repetidamente al Departamento de Justicia que hiciera cumplir las leyes antimonopolio del país cada vez que JBS propuso una nueva adquisición de ganado y activos de otras industrias de la carne de vacuno, pero sus solicitudes fueron ignoradas con una excepción.
Además de alegar que la aprobación del Departamento de Justicia de todas las numerosas propuestas de adquisición de JBS plantea el espectro de que las decisiones relacionadas con JBS se basaban en consideraciones inapropiadas, el grupo sostiene que otras agencias federales y el Congreso facilitaron la capacidad de JBS para reformar el marco legal de la industria ganadera.
Los ejemplos citados por el grupo incluyen el éxito de JBS en convencer al Congreso de revocar el etiquetado del país de origen (COOL) y prevenir la implementación de las reglas destinadas a implementar la Ley de Packers y Stockyards, prevenir reformas al programa de Checkoff de carne y convencer al Departamento de Agricultura para relajar sistemáticamente las restricciones a la importación establecidas para prevenir la introducción de la fiebre aftosa.
La carta del grupo sostiene que todas estas posiciones políticas probablemente se basaron en la influencia considerable e inapropiada de JBS con los encargados de formular políticas.
En conclusión, el grupo declara que «si se comprueba que JBS, de hecho, ha construido su imperio monopolístico de carne y ganado en los Estados Unidos a través de medios ilegales, o se ha influido de forma ilegal en las decisiones políticas, todos los activos estadounidenses propiedad de JBS deberían ser inmediatamente embargados”.