En entrevista con Agronegocios Sarandí, el coordinador general de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar) explicó la estrategia de política pública, adelantó que el histórico proyecto de Palo a Pique está prácticamente descartado y defendió el impacto ambiental del riego frente a las críticas habituales.
El ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, coordinador general de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar) y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, repasó en entrevista con Agronegocios Sarandí los fundamentos de la nueva estrategia nacional de riego que el organismo lleva diseñando desde hace meses y que ahora empieza a comunicar públicamente.
“Si nos hubiéramos dedicado a comunicar durante todos estos meses, hubiéramos generado expectativas, resistencias, opiniones, demandas”, explicó Aguerre sobre la decisión de mantener el trabajo puertas adentro y presentarlo primero en el Parlamento y luego ante la opinión pública.
“Vamos primero al Parlamento porque entendemos que esto tiene que ser una política de Estado”, afirmó, y recordó que la Ceiar fue creada por decreto con un comité de gestión presidido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a los ministros de Economía, Ganadería, Industria y Ambiente, y un comité operativo que él mismo preside en representación de la Presidencia.
“Vamos primero al Parlamento porque entendemos que esto tiene que ser una política de Estado”
Según relató, la comisión definió una hoja de ruta el 1º de octubre y se tomó seis meses para trazar lineamientos, elevarlos al Poder Ejecutivo y diseñar los instrumentos —fiscales, energéticos y contractuales— antes de salir a hablar del tema.
Aguerre recordó que las grandes iniciativas de riego en Uruguay siempre se dieron después de importantes sequías: la de 1942 dio origen a los sistemas de riego de la colonia Tomás Berreta, la de 1988-1989 derivó en el programa Prenader, financiado por el Banco Mundial, y la de 2008 lo llevó a integrarse al Grupo de Desarrollo de Riego, antecedente directo de la reforma de la Ley de Riego que se aprobó en 2017, pero que aún no se terminó de reglamentar.
Los números detrás del impulso al riego
El entrevistado citó datos de la base construida por Regadores Unidos del Uruguay (RUU) para sostener el potencial productivo del riego. Aislando los sistemas bien diseñados —con capacidad de embalse suficiente y equipos capaces de aplicar el agua necesaria en el momento crítico—, los rendimientos de maíz en el pico de floración llegan a 14.000 o 15.000 kilos por hectárea, frente a un promedio nacional muy inferior.
“En 2023 la relación entre (maíz) regado y secano fue de seis veces; en el resto de los años la diferencia es el doble”, señaló. Uruguay pasó de tener entre 3.000 y 4.000 hectáreas de riego por pivote en 2010 a más de 70.000 hoy, un crecimiento anual cercano al 4%.
“En 2023 la relación entre (maíz) regado y secano fue de seis veces; en el resto de los años la diferencia es el doble”
En el plano macroeconómico, Aguerre volvió sobre un argumento que ya había expuesto ante el Senado: el consumo de maíz se triplicó en 15 años, pero el país sigue importando entre 100.000 y 500.000 toneladas anuales, lo que hace que el precio interno se fije por paridad de importación en lugar de exportación, con una diferencia de U$S 40 o U$S 42 por tonelada. Si Uruguay lograra abastecerse con producción propia el ahorro rondaría los U$S 120 millones anuales, con impacto en la lechería, ganadería y avicultura.
Quién hace la inversión
Aguerre afirmó que el Estado no va a construir la infraestructura de riego. “Las inversiones en maquinaria, en silos, en tierra, en equipamiento, no las hace el Estado para que los privados las usufructúen”, planteó. Y recordó que ese debate ya se dio en 2011, durante la reforma de la ley.
En cambio, el mecanismo elegido combina beneficios fiscales diferenciados —el decreto de diciembre de 2025 otorga hoy casi 17% más de beneficio que antes de esa fecha— con la posibilidad de que los inversores no regantes trasladen el excedente de esos beneficios a sus propias empresas, y con el acompañamiento estatal en los aspectos contractuales y de negociación entre las partes.
“Las inversiones en maquinaria, en silos, en tierra, en equipamiento, no las hace el Estado para que los privados las usufructúen”
Un instrumento central de ese acompañamiento es la reserva temporal de agua para proyectos multiprediales que se presenten con estudios preliminares, y no con el costoso proyecto ejecutivo completo. La Corporación Nacional para el Desarrollo obtiene, junto al Ministerio de Ambiente, una reserva de dos años, que da tiempo a que inversores y regantes negocien antes de comprometer los estudios definitivos.
Palo a Pique en duda; El Águila avanza
Sobre los proyectos piloto, Aguerre dio precisiones que actualizan el estado de la estrategia. El de la represa de El Águila, en la cuenca del río San Salvador, cerca de Dolores, retoma un estudio que el Ministerio de Ganadería había hecho junto al Banco Mundial y ya entró en etapa de negociación. Hubo varias reuniones con los regantes interesados y restan las conversaciones con los propietarios de los predios que se inundarían.
El panorama es distinto para Palo a Pique, en Treinta y Tres, un proyecto que arrastra más de 60 años sin concretarse. La Ceiar encargó dos consultorías —una de razonabilidad económica y otra de impacto ambiental— y, según adelantó Aguerre, “aparecen pocas posibilidades de que eso sea viable”.

El coordinador planteó que el organismo se inclina por reunirse con los productores arroceros de la zona para replantear el proyecto desde la demanda real de agua, en lugar de seguir atados a una obra diseñada hace más de seis décadas.
Los otros dos proyectos pilotos son una ampliación del modelo de “estrategias asociativas de agua para la producción”, que Aguerre impulsó en 2016 y 2017 desde el MGAP, cuando se incorporó riego a los campos de recría de terneras de productores lecheros para crear bancos de forraje. Hoy ese esquema alcanza a 22 colonias lecheras, entre ellas la de María Dolores.
La defensa ambiental
Sobre el impacto ambiental de las represas y del riego, Aguerre argumentó con el balance hídrico. En Uruguay llueven 1.400 litros de agua por metro cuadrado al año, de los cuales entre 500 y 600 escurren, y de ese excedente el país solo captura alrededor del 4% entre represas de riego, las hidroeléctricas del río Negro y la represa de Salto Grande.
Sostuvo que si bien se ha instalado la idea de que el maíz o el arroz “gastan” agua, “no la gastan”, sino que “son un huéspedes intermediarios del agua en el ciclo hidrológico”. Y añadió que un cultivo bien regado incluso mejora la eficiencia en el uso de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, que solo son absorbidos por la planta cuando hay agua en el suelo. En su ausencia, se lixivian y terminan favoreciendo la eutrofización de los cursos de agua.
Aguerre cerró la entrevista con una reflexión sobre el momento elegido para hablar de riego, en medio de inundaciones y evacuados en distintas zonas del país: “La historia del desarrollo del riego en Uruguay ha estado sujeta no al ciclo hidrológico, sino al ciclo hidroilógico. Empieza la sequía, me pongo alerta, después me preocupo, me desespero, empiezo a pensar en el riego y, cuando terminé de pensarlo, llueve y entro en la indiferencia”. El desafío, sostuvo, es romper ese ciclo y empezar a planificar también en los años en que sobra el agua.
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