Se creará una comisión preinvestigadora en la Cámara de Diputados por la compra de estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización.
El Senado uruguayo vivió una sesión marcada por fuertes confrontaciones políticas y jurídicas durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, este miércoles 13 de agosto.
La instancia, impulsada por el senador Sebastián Da Silva (Partido Nacional), giró en torno a la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) de la estancia María Dolores, en Florida, por US$ 32,5 millones
Da Silva cuestionó duramente la legalidad y la conveniencia de la adquisición, acusando al gobierno de convertirla en un “santuario al santo Pepe”, en alusión al expresidente José Mujica. Denunció que el ministro pudo haber utilizado la facultad constitucional del artículo 197 para dejar sin efecto la compra y advirtió que su precio superaba en 55 % el valor en dólares por hectárea de transacciones anteriores en la zona.
Asimismo, fustigó el uso político de un anuncio durante el velorio de Mujica por parte del secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, calificándolo de “inapropiado”.
Fratti, en su defensa, rechazó las acusaciones. Alegó que la compra responde a una “oportunidad y conveniencia”, en línea con una política estatal fuerte para el sector lechero, resaltando el respaldo unánime de las gremiales lecheras y de autoridades del departamento de Florida.
Afirmó que no hubo improvisación, sino un proceso riguroso, y que si no fue la mejor, fue “una de las mejores compras” realizadas por el INC.
Tras un cuarto intermedio, Da Silva respondió acusando al ministro de “autobombo estelar”, considerando insuficientes sus contestaciones ante cuestionamientos concretos como: planes inmediatos, evaluaciones técnicas (como el sistema de riego), sustentabilidad hídrica y ubicación de los tambos
Ingresaron a Sala con el ministro las siguientes autoridades: el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula; la directora general de Secretaría, Cecilia Riera; el presidente del INC, Alejandro Henry; la gerente del Área Financiera y de Unidades de Apoyo, Tatiana Curbelo; la secretaria del directorio, Laura Penino; la gerente de la División Jurídica, Natalia Gandolfo; y el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo De Izaguirre.
Aportes del presidente del INC, Alejandro Henry
En el quórum, el presidente del INC, Alejandro Henry, respondió los interrogantes planteados. Detalló que se convocará a interesados, principalmente asociaciones de productores, para la instalación de 16 familias productoras en el predio.
Señaló que ya se realizaron evaluaciones del sistema de riego con pivotes, además de tener informes de administraciones anteriores sobre uso del suelo y capacidad hídrica (estimada en unas 1.200 hectáreas con embalses de 60, 10 y 3 hectáreas).
Agregó que los tambos estarían próximos a la ruta 12, y adelantó que la leche podría empezarse a producir para la primavera de 2027, con una renta anual proyectada entre US$ 80 (promedio) y US$ 250 a US$ 300 en zonas regadas.
Estimó que la amortización del campo sería a unos 30 años, y que generará empleos directamente vinculados a la producción lechera local.
Intervención del senador Pedro Bordaberry
El senador colorado Pedro Bordaberry centró sus reparos en aspectos jurídicos. Puso en duda el cumplimiento del requisito de entrega de información con 24 horas de antelación al directorio del INC, especialmente en el caso de la directora Karina Henderson, quien asumió minutos antes de la votación.
Denunció una posible violación del artículo 200 de la Constitución, aludiendo a la condición de colona de Henderson y también del expresidente Eduardo Viera (ya renunciado).
Bordaberry calificó como “motivos de responsabilidad penal” que el objetivo de la compra haya sido declarado como un homenaje a Mujica, y planteó sospechas sobre un posible documento predatado para justificar la operación, dando pie a futuras investigaciones
En los días previos Bordaberry había anticipado en radio Sarandí que, si la interpelación resultaba insatisfactoria, exigiría que se retirara la confianza política al ministro.
Después de 13 horas de debate y pasada la medianoche, de acuerdo con el artículo 122, numeral 7 del Reglamento del Senado, el presidente de la Cámara, Sebastián Sabini (primer vicepresidente, quien en ese momento tomó el lugar de la presidente interina Blanca Rodríguez), suspendió y levantó la sesión por desorden en la sala.
La discusión continuará en la Cámara de Diputados, con la conformación de una comisión preinvestigadora, como anunció la oposición, para analizar la operación desde los ámbitos legal, administrativo y constitucional.
Fuentes: La Diaria, Subrayado, Parlamento, El País, Wikipedia.
Fotos: Parlamento.
