La Federación Rural participó de la movilización en contra del proyecto, este miércoles, en Torre Ejecutiva y frente al Palacio Legislativo.
Se realizó este miércoles la movilización en contra del proyecto de la represa de Casupá, con la lectura de una proclama frente al Palacio Legislativo. La manifestación, titulada “Por el medio ambiente y la producción”, pasó antes por la Torre Ejecutiva, donde se entregó una carta dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi.
El documento repasa los cuestionamientos técnicos, ambientales, sociales y económicos de la gremial al proyecto, y cierra con un pedido directo al presidente Orsi: detener la obra de forma inmediata.
“No es la solución”: las pérdidas de OSE, en el centro del reclamo
El texto arranca cuestionando la premisa misma del proyecto. Señala que en el área metropolitana se pierde el 65% del agua que se potabiliza, un guarismo que califica de “absolutamente inadmisible” y de “una ineficiencia fuera de toda lógica”.
Según el documento, más de la mitad de esas pérdidas responden a cañerías antiguas y obsoletas, mientras que el resto corresponde a agua no facturada. La gremial sostiene que la prioridad número uno debería ser resolver ese problema estructural antes de avanzar en nueva reserva de agua bruta y capacidad de potabilización, ya que buena parte del déficit —afirma— quedaría resuelto simplemente evitando esas pérdidas.
Cuestionamientos técnicos: una cuenca chica, forestada y antecedentes de sequía
En el plano hidráulico, la proclama sostiene que la represa no resuelve el problema de fondo, dado que su cuenca de captación abarca apenas 66.000 hectáreas, de las cuales un 25% está forestado, lo que reduce el escurrimiento de agua disponible.
Como comparación, el texto señala que la represa de Paso Severino —que integra la misma cuenca— tiene cuatro veces más capacidad de captación y aun así se secó por completo durante la sequía de 2023, un escenario que, advierte la gremial, se repetiría en Casupá ante un evento similar.
El documento agrega que la nueva represa debería respetar el caudal ambiental exigido por la normativa vigente para mantener el funcionamiento de los cauces aguas abajo, algo que —sostiene— dificultará aún más la acumulación de agua.
También cuestiona que, al integrar la misma cuenca de Paso Severino y depender de la misma planta potabilizadora, el proyecto no diversifica la fuente de abastecimiento: cualquier contingencia en la cuenca o en la planta dejaría sin agua a toda el área metropolitana. Por estas razones, se concluye que el riesgo de un nuevo desabastecimiento de agua potable no se soluciona con Casupá.
Impactos “asegurados” en lo social, ambiental y económico
La proclama enumera lo que define como impactos negativos seguros del proyecto en tres planos. En lo social, advierte que la construcción destruiría un entramado social vivo, de varias generaciones, con 80 familias afectadas, al que califica como “un tesoro que el país debe no solo defender sino promover”.
En lo ambiental, señala que la obra eliminaría 452 hectáreas de monte nativo de alta biodiversidad, que los productores de la zona conservan en la actualidad.
En lo económico, sostiene que más de 3.400 hectáreas productivas quedarían bajo agua, mientras que el manejo de toda la cuenca de 66.000 hectáreas quedaría condicionado, con una presión adicional sobre la cuenca del Santa Lucía y una limitación a futuro para el desarrollo de embalses de riego, dado que la prioridad legal del agua para consumo humano es superior a la de riego.
Sobrecostos “no cuantificados” de al menos US$ 400 millones
El texto también apunta al costo económico de la obra, al señalar que la construcción demandará nuevos caminos, puentes e infraestructura eléctrica no contemplados en el presupuesto original.
Según los manifestantes, al sumar esos sobrecostos no cuantificados, el monto adicional asciende a al menos US$ 400 millones, a lo que se sumaría el costo social del desarraigo de las familias afectadas.
Cuestionamientos al procedimiento y al rol del Ministerio de Ambiente
Se cuestiona, además, el proceso administrativo del proyecto, al sostener que ”se puso la carreta delante de los bueyes”: el estudio de impacto ambiental no estaría terminado y el gobierno ya habría decidido avanzar con la obra, algo que compara con la hipótesis de iniciar expropiaciones en proyectos como Punta Ballena o el túnel de 18 de Julio antes de contar con los permisos correspondientes.
El documento pone en tela de juicio, en particular, que el propio Ministerio de Ambiente sea quien patrocina y lidera el proyecto, lo que a su entender vuelve ”imposible creer en la objetividad” del estudio de impacto ambiental, dados los compromisos ya asumidos por esa cartera.
El pedido final
La proclama cierra con tres consignas: sí a solucionar el aprovisionamiento de agua de la zona metropolitana, sí a defender la ruralidad y la producción como ”tesoros superiores de nuestra sociedad”, y un pedido directo al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al gobierno: detener inmediatamente el proyecto Casupá.
Este martes, en entrevista con Agronegocios Sarandí, el presidente de la Federación Rural, Ing. Agr. Rafael Normey, defendió la posición de la gremial sobre este asunto:
