Se busca habilitar sociedades con empresas, que los investigadores puedan participar en proyectos FPTA y permitir spin-offs. El presidente del instituto explicó los detalles en entrevista con Agronegocios Sarandí.
El presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Miguel Sierra, confirmó que el proyecto de ley de Competitividad —presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone— incluye tres iniciativas específicas para el instituto, que de aprobarse implicarían una expansión significativa de su marco de acción.
Se trata de la posibilidad de que INIA constituya o integre sociedades instrumentales, la habilitación para que sus investigadores participen en proyectos financiados por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), y la creación de empresas de base tecnológica o spin-off por parte de su personal, de forma voluntaria.
“Son tres iniciativas”, explicó Sierra en diálogo con Agronegocios Sarandí, y detalló que buscan «ponernos en sintonía con el estado del arte internacional», en referencia a institutos homólogos de Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Irlanda, Países Bajos y Estados Unidos, que ya cuentan con herramientas similares.
Según explicó, los cambios surgieron de un relevamiento de dos décadas de dificultades operativas, realizado junto al asesoramiento legal del estudio del Dr. José Miguel Del Piazzo y equipos internos de INIA, en el marco de un pedido explícito del Poder Ejecutivo para identificar trabas a la competitividad del instituto.
Sociedades instrumentales para acercar la investigación al sector privado
La primera iniciativa habilitaría a INIA a participar en sociedades o consorcios con empresas privadas, en un esquema que Sierra comparó con modelos como el del Instituto Pasteur en la región y con la lógica de vinculación universidad-empresa de Estados Unidos.
El objetivo, según indicó, es “favorecer el vínculo con el sector privado”, orientando los consorcios hacia demandas concretas planteadas por las empresas, y reducir lo que definió —citando al experto Ricardo Pascale— como la aversión al riesgo: la participación de INIA como cofinanciador y coparticipante buscaría dar mayor confianza a las empresas privadas para invertir en desarrollos conjuntos.
El instituto ya identificó siete grandes áreas de trabajo en el marco de una plataforma de innovación en bioeconomía agroalimentaria que desarrolla junto al Banco Interamericano de Desarrollo: producción y salud animal, biotecnología y mejoramiento vegetal, bioinsumos, alimentos funcionales y con valor agregado, bioeconomía marina y acuicultura, y de forma transversal, inteligencia artificial, ciencia de datos y digitalización.
“Si hubiera consorcios potentes con empresas uruguayas se podría potenciar y aprovechar mucho mejor”
Cualquier consorcio, aclaró Sierra, requerirá el visto bueno del Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria —integrado por los ministerios de Ganadería, Industria y Educación, decanos universitarios y una asociación de profesionales— y deberá alinearse al Plan Nacional de Desarrollo.
Sierra señaló que ya existe diálogo con actores del sector privado, incluyendo experiencias previas de alianza temprana con empresas de mejoramiento genético de Nueva Zelanda, y vínculos activos con Conaprole, con empresas del sector cárnico como MBRF y Minerva, y con el sector citrícola, en torno al desarrollo de una biofábrica de controladores biológicos de plagas.
Como ejemplo de una oportunidad no aprovechada por falta de este marco, el jerarca mencionó el caso de un gen de resistencia a la sequía patentado por un equipo de INIA Las Brujas —liderado por Victoria Bonnecarrere, junto a investigadores de Facultad de Ciencias y Facultad de Agronomía—, cuya licencia internacional terminó en manos del grupo argentino Don Mario, que la incorporará a sus futuros materiales de soja. “Si hubiera consorcios potentes con empresas uruguayas se podría potenciar y aprovechar mucho mejor”, afirmó Sierra.
Participación de investigadores de INIA en FPTA
La segunda iniciativa apunta al Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), que hasta ahora solo podía ser ejecutado por terceros —investigadores externos, organizaciones de productores o empresas privadas—, sin participación de personal de INIA. El instituto solicita habilitar a sus técnicos e investigadores a integrarse a esos proyectos, sin recibir retribución económica adicional por esa vía, dado que ya cuentan con financiamiento propio.
Sierra destacó la magnitud del fondo: el llamado del año pasado fue de U$S 6 millones, mientras que el correspondiente a 2026, lanzado recientemente, asciende a U$S 3,7 millones, con plazo de presentación hasta el 13 de agosto.
“Me atrevería a decir que, para la región, el de Uruguay es un fondo muy significativo”
“Me atrevería a decir que para la región el de Uruguay es un fondo muy significativo”, sostuvo. Según explicó, incorporar las capacidades de INIA —tanto en equipos humanos, como en infraestructura y estaciones experimentales— permitiría consolidar núcleos críticos más potentes y reforzar la coordinación con actores como Latitud, el Instituto Pasteur y la Universidad de la República.
El llamado 2026 cubre ejes como la cadena acuícola, la cadena lechera, apicultura, avicultura, porcinos y ovinos, producción animal, diferenciación y agregado de valor, cambio climático, enfoque de Una Salud, riego y transformación digital.
Los proyectos —con un monto promedio estimado de U$S 150.000— deben superar primero una fase de perfil y luego una evaluación de al menos dos evaluadores externos internacionales, antes de ser ordenados en un ranking de calidad que la junta directiva de INIA utiliza para asignar los fondos disponibles. El proceso de evaluación se extendería por unos tres o cuatro meses, con la expectativa de que los proyectos seleccionados comiencen a ejecutarse en 2027.
Empresas spin-off, con participación voluntaria
La tercera propuesta habilita al personal de INIA a crear, de forma voluntaria, empresas de base tecnológica —spin-off— a partir de sus investigaciones. El esquema, según precisó Sierra, se inspira en el régimen ya vigente para los docentes de dedicación total de la Universidad de la República, que pueden destinar hasta tres años a una empresa de este tipo sin recibir retribución económica adicional, manteniendo su remuneración de origen.
El presidente de INIA reconoció que este esquema es “bastante conservador” respecto a los estándares internacionales, donde suele estimularse a los investigadores que emprenden con participación accionaria o regalías. Ese debate, adelantó, todavía está abierto en el Parlamento, donde algunos legisladores plantearon la necesidad de generar algún tipo de retorno para quienes se involucren en estas empresas. Sierra enumeró una serie de aspectos pendientes de reglamentación: el retorno de regalías al instituto, los conflictos de interés y la propiedad intelectual, todos temas que —señaló— ya resolvieron institutos como Embrapa en Brasil, el INTA argentino o el Teagasc de Irlanda.
“Empresas de base tecnológica obviamente requieren que las tecnologías estén protegidas intelectualmente”
Consultado sobre la adhesión reciente de Uruguay a acuerdos internacionales de patentes, Sierra vinculó ese proceso con el nuevo marco: “Empresas de base tecnológica obviamente requieren que las tecnologías estén protegidas intelectualmente”, señaló, en referencia al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés).
Diálogo parlamentario y hacia adentro del instituto
Sierra detalló una ronda de reuniones con legisladores de distintos partidos para presentar la propuesta. También dialogó con el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, y con los especialistas en políticas de ciencia, tecnología e innovación Santiago Dogliotti y Luis Bértola. Según Sierra, la recepción general fue positiva, aunque con el señalamiento de que la reglamentación deberá contemplar una visión integral del instituto, que trasciende los aspectos estrictamente vinculados a la competitividad.
Hacia el interior de INIA, el instituto estableció un marco de diálogo con los dos sindicatos que nuclean a sus trabajadores —la Federación de Funcionarios de INIA (FEFINIA) y la Asociación de Profesionales Universitarios de INIA (APUINIA)—, que plantearon consultas sobre las implicancias laborales de los cambios.
“La peor actitud hoy es quedarse y esperar que otros te hagan las transformaciones”
Sierra señaló que percibió “predisposición favorable”, aunque el detalle de estas definiciones quedará para la etapa de reglamentación, una vez aprobadas las iniciativas a nivel legislativo.
El jerarca calificó el conjunto de cambios como una actualización necesaria del marco normativo del instituto, vigente desde 1989, y remarcó que instrumentos similares ya identificaron dificultades en otros países —mencionó particularidades del caso argentino ligadas a auditorías públicas y transparencia— de las que INIA busca aprender.
“La peor actitud hoy es quedarse y esperar que otros te hagan las transformaciones”, sostuvo Sierra, quien remarcó su convicción de que las transformaciones que el instituto necesita “las tiene que hacer uno mismo”.
La Estanzuela: una nueva plataforma en red para el sector lácteo
Como ejemplo del tipo de vinculación que la ley busca profundizar, Sierra adelantó el desarrollo de una Plataforma de Innovación en Bioeconomía y Agroalimentos (PIBA) en la estación experimental La Estanzuela, vinculada al sector lácteo.
La iniciativa se concibe con la Red Tecnológica Láctea, la UTEC, Conaprole e Inale, en un esquema adaptado a la realidad uruguaya: a diferencia de modelos de referencia como el de Wageningen, en Países Bajos —concebidos como un campus universitario concentrado—, en Uruguay las capacidades están distribuidas entre distintas instituciones, como la Facultad de Agronomía y la UTEC.
“La idea es concebir esto en red”, explicó Sierra, con participación también del LATU y de Latitud, sin que ello implique necesariamente compartir un mismo espacio físico.
Vea la entrevista completa:
