La decisión cerró la puerta a miles de demandas. Por siete votos a dos se resolvió que la ley federal prevalece sobre las normativas estaduales en materia de etiquetado de pesticidas. La empresa alemana, que enfrenta unas 200.000 demandas, celebró el fallo como el fin de una década de litigios.
Fue un fallo que sacudió los mercados, alivió a la industria agroquímica global y dejó sin respuesta a decenas de miles de personas que alegaban haber desarrollado cáncer por usar uno de los herbicidas más populares del mundo. Este jueves 25 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló siete a dos a favor de Bayer en el caso que definirá el futuro del glifosato en ese país.
El máximo tribunal resolvió que Bayer no puede ser demandada bajo leyes estaduales por no haber advertido sobre los supuestos riesgos cancerígenos de su herbicida Roundup y su ingrediente activo, el glifosato. La decisión revierte un veredicto de un jurado de Missouri que en 2019 había concedido más de U$S 1 millón al demandante John Durnell.
El caso que llegó a la Corte
El caso fue presentado por Durnell, un residente de Missouri que desarrolló linfoma no Hodgkin tras más de 20 años de aplicar Roundup en los parques de su barrio, donde se desempeñaba como el encargado informal de los tratamientos fitosanitarios.
Un jurado de Missouri falló a su favor en 2023 y un tribunal de apelaciones estadual confirmó el veredicto antes de que la Corte Suprema aceptara escuchar el caso.
El argumento central de Bayer fue siempre el mismo: la Agencia de Protección Ambiental (EPA) revisó el etiquetado del Roundup y determinó que no era necesario incluir una advertencia de cáncer. Por lo tanto, la empresa sostiene que está obligada a seguir ese estándar federal, no los criterios que los distintos estados pueden imponer a través de litigios.
El fundamento legal del fallo
La pregunta que debía responder la Corte no era si el glifosato causa cáncer, sino si la ley federal conocida como FIFRA — Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act — permite que un jurado estadual exija una advertencia que la EPA no requirió.
La mayoría concluyó que la aprobación de la EPA no es simplemente un permiso para comercializar el producto, sino un requisito afirmativo de que el fabricante use la etiqueta aprobada, a menos que la agencia autorice o exija un cambio.
En consecuencia, el tribunal estableció que los fabricantes de pesticidas no pueden ser obligados por tribunales estaduales a incluir advertencias de cáncer más allá de las aprobadas por la EPA.
La decisión fue redactada por la mayoría y contó con dos votos disidentes. La jueza Ketanji Brown Jackson, acompañada por el juez Neil Gorsuch, discrepó del fallo. “El tribunal se aparta de la opinión casi unánime de numerosos tribunales estaduales y federales que habían rechazado este argumento de preeminencia federal”, escribió Jackson en su disidencia.
El impacto para Bayer: una década de litigios que llega a su fin
Las implicancias del fallo son monumentales para la empresa alemana. La Corte Suprema blindó a Bayer de decenas de miles de demandas sobre el etiquetado del Roundup, poniendo fin a una avalancha de litigios que durante una década le costó a la compañía más de U$S 10.000 millones.
Unas 200.000 demandas relacionadas con el Roundup han sido presentadas contra Bayer, la mayoría por usuarios domésticos. La empresa ya había dejado de usar glifosato en el Roundup vendido en el mercado residencial de EE.UU. y había advertido que podría tener que considerar retirar el glifosato de los mercados agrícolas si las demandas continuaban.
La reacción de los mercados fue inmediata. Las acciones de Bayer subieron un 15,75% hasta los U$S 13,09 tras conocerse el fallo.
Aun así, el capítulo legal no está del todo cerrado. Bayer informó que planea continuar con una propuesta de acuerdo colectivo de U$S 7.250 millones para resolver muchas de las demandas restantes. Un juez federal recientemente ordenó que dicho acuerdo sea tratado en un tribunal estadual de Missouri, donde se concentra buena parte de la litigación.
La grieta política
El fallo llega en un momento políticamente delicado para la administración Trump, que respaldó la posición de Bayer ante la Corte. La decisión es una victoria para el gobierno de Trump, pero podría resultar incómoda políticamente, dado que aliados del movimiento Make America Healthy Again (MAHA) quieren reducir el uso de pesticidas.
El propio secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha dicho repetidamente que el glifosato causa cáncer, aunque reconoce que un decreto ejecutivo orientado a potenciar su producción era necesario por razones de seguridad alimentaria y nacional.
El debate científico que sigue abierto
El fallo de la Corte no resuelve —ni pretende resolver— la controversia científica sobre el glifosato. La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, clasificó el glifosato como «probablemente cancerígeno» en 2015. La EPA, en cambio, ha concluido repetidamente que no es probable que cause cáncer en humanos cuando se usa según las instrucciones.
Esa tensión científica no desaparecerá con la sentencia. Lo que sí cambia es el terreno legal: a partir de ahora, los consumidores que aleguen haber sido dañados por el Roundup deberán buscar otras vías de acción —como demandas por defecto de diseño del producto— que el fallo no clausura explícitamente.
Abogados de salud pública y grupos de productores calificaron el fallo como una victoria para la inmunidad corporativa. Del otro lado, la industria agroquímica celebró una decisión que sienta un precedente con alcance mucho más amplio que el Roundup: la mayoría de la Corte indicó que su razonamiento se extiende más allá de los pesticidas, hacia otras industrias reguladas a nivel federal.
Fuentes: Associated Press, Bloomberg, CNBC, PBS NewsHour, U.S. News & World Report, The Missouri Times.
