El presidente de la Asociación Rural del Uruguay sostuvo que los ingresos del instituto no alcanzan y planteó revisar su estructura de gastos. También cuestionó el impacto que atribuye al área protegida de Casupá, reclamó garantías en los controles de residuos y analizó la agenda comercial de carnes y lácteos.

La situación financiera del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) exige una reestructura y las medidas serán más difíciles cuanto más se demoren, sostuvo Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). En entrevista con Agronegocios Sarandí, el dirigente afirmó que el instituto maneja ingresos del orden de U$S 52 millones, pero que esos recursos no alcanzan, y señaló que los salarios representan alrededor del 75% de su presupuesto.

Ferber respaldó herramientas para modernizar el funcionamiento de INIA, aunque advirtió que no resolverán por sí solas sus dificultades. También criticó el alcance del área protegida vinculada con Casupá y reclamó mayor claridad sobre las restricciones que podrían enfrentar los productores.

La conversación incluyó la detección de residuos en un envío de subproductos cárnicos a China, el financiamiento de otras instituciones agropecuarias como el Instituto Nacional de la Leche (Inale), la ausencia de la industria frigorífica en la junta directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y las perspectivas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

— ¿Cómo recibe el nuevo comunicado de la aduana china por el hallazgo de residuos en un envío de huesos?

— Es como una espada que tenemos encima. China tiene exigencias y parámetros más rigurosos. También tenemos que transmitir tranquilidad al mercado interno: la carne uruguaya es de la mejor calidad. Esperemos que esto quede en una tarjeta amarilla, porque sin duda puede generar dificultades para una planta.

Que te saquen de un mercado de esa importancia siempre es un problema. También es cierto que tener distintos destinos ha permitido que algunas plantas sigan trabajando aun con la suspensión en China.

— ¿Qué papel debe jugar ARU para evitar nuevas situaciones?

— Hace bastantes meses presentamos propuestas al Ministerio (de Ganadería), que ahora se están discutiendo con fuerza. Quedan cosas por hacer, pero tenemos que partir de cuál es el objetivo: si buscamos que no haya residuos en carne o que no haya garrapata en los campos. Son objetivos que requieren medidas distintas y eso es algo que nos ha costado congeniar con determinadas autoridades.

“tenemos que partir de cuál es el objetivo: si buscamos que no haya residuos en carne o que no haya garrapata en los campos”

Si tenemos en cuenta que no queremos residuos y que no puede pasar que se muera ganado, hay medidas que todavía no se han aplicado. Creo que el control de los productores tiene que haber mejorado y que ha mejorado significativamente.

— ¿Qué garantías reclama la gremial en la identificación de responsabilidades?

— Cuando se intente determinar de qué productor era el animal, tienen que estar los controles y las garantías. Si se encuentra de dónde salió, perfecto. Sabemos que para identificarlo bien es importante el análisis a la llegada al frigorífico; después resulta mucho más difícil.

También tenemos que velar para que no haya injusticias. Tenemos casos en los que se respetaron los tiempos de espera y hubo problemas. Eso es un hecho que hay que trabajar.

— ¿Ayudaría contar con referentes territoriales para atender problemas de garrapata?

— Falta gente idónea que llegue hasta los productores que tienen situaciones que no están pudiendo resolver. En la parte de campo del Ministerio de Ganadería hace muchos años que notamos falta de personal. Independientemente de que se organice por departamento o por región, uno piensa que puede sumar. Veremos cómo funciona.

— ¿Qué dejó la reunión entre las gremiales, el ministro y las autoridades de INIA?

— Fue una puesta a punto. Este proceso viene desde hace muchos años. Tenemos un problema serio que hay que resolver en la interna de INIA. Cuando se demora en tomar medidas antipáticas y pasan los años sin que lleguen, cada día que pasa la medida es más antipática.

La situación es delicada. Creo que la junta (directiva) actual está trabajando muy bien, desde el presidente (Miguel Sierra) hasta nuestros representantes. Le pedimos a Patricio Cortabarría —delegado de ARU en INIA— que estuviera allí, porque INIA es importantísimo para Uruguay. De esta situación no se sale con medidas simples.

— ARU respalda las propuestas para INIA incluidas en el proyecto de ley de competitividad, ¿las demás gremiales de Campo Unido están de acuerdo?

— Sí. Esos artículos salieron de la junta de INIA. Generaron ruido en alguna gremial y se está manejando. Nosotros los apoyamos y creemos que son necesarios, pero tampoco son la solución de fondo.

“Cada día que pasa, la medida es más antipática”

Son herramientas que pueden ser muy beneficiosas y modernizan al instituto. Hoy existen empresas comerciales grandes que ponen dinero en investigación y después hacen sociedades. Si nos quedamos discutiendo, demoramos y perdemos oportunidades. Si no se resuelve en esta instancia, se puede perder otro año.

— ¿Dónde entiende que debe estar el centro de la reestructura?

— Este año INIA recauda U$S 28 millones por el cuatro por mil. El Estado pone U$S 20 millones y hay otros ingresos por unos U$S 3 millones o U$S 4 millones: estamos hablando de unos U$S 52 millones. Y no da.

Hay que mirar hacia adentro y entender que se tomaron decisiones en el pasado que no se pueden sostener. Si el 75% del presupuesto son sueldos, no tenés mucho más para dónde mirar. Con respeto, delicadeza y empatía, pero si no se entra en eso, probablemente dentro de un año ya no haya tiempo ni de hacer reestructuras.

— ¿Puede resolverse con mayores aportes del Estado?

— Está claro que no va a venir todo aquel dinero que el Poder Ejecutivo no vertió en su momento. Creo que el gran problema fue que, durante varias juntas, nos quedamos esperando que apareciera algo salvador desde el Estado.

Hay que entender que incluso con una recaudación importante sigue existiendo un problema de fondo. Hay una reestructura que evidentemente hay que hacer y se tendrá que buscar un camino.

— ¿Cómo observa las dificultades de financiamiento de otras instituciones, como Inale y el Plan Agropecuario?

— En Inale está el tema de que Conaprole es tan dominante que parece esperarse que sea la que lo mantenga. ARU quiso participar hace muchos años y quedó afuera. Hace tiempo que se deja de lado a la ARU en el sector lechero.

Yo soy productor lechero. Es cierto que ARU ha tenido un perfil ganadero, pero también representa a los lecheros y a los agricultores. Muchas veces, desde el sector político se intenta encasillarla.

Al Plan Agropecuario hoy le da sustento Procría. Puede tener sentido poner recursos durante un tiempo para retomar un camino de extensión. Pero si después de cuatro años los productores no deciden pagar por ese trabajo, es porque el asesoramiento no les rinde o porque ya les dijo lo que tenía que decirles. Un período de subsidio para que la gente vuelva a engancharse puede tener sentido.

— ¿Por qué cuestiona el área protegida vinculada con Casupá?

— Intenté no entrar en la discusión de la represa, porque es un tema delicado y muy sensible para la gente a la que se expropia. Mientras no hubiera una afectación productiva más amplia, era difícil ponerse en contra, más allá de solidarizarse con los afectados.

“cuando incluyen un padrón en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, afectan el patrimonio del propietario”

Ahora el problema es otro. En abril planteamos el tema y desde el Ministerio de Ambiente nos dijeron que no iba a haber problemas con la producción. Yo sostengo que, cuando incluyen un padrón en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, afectan el patrimonio del propietario. No sabemos cuánto, pero no vemos que se haya cumplido la promesa de un mayor valor comercial por estar en un área protegida.

— ¿Qué efectos teme sobre la actividad productiva?

— Estamos hablando de unas 67.000 hectáreas. Para saber exactamente qué implica el área protegida hay que esperar al final del proceso, pero mientras tanto se genera una limitación y una incertidumbre.

Mi preocupación es qué margen habrá para nuevas inversiones, para el riego, para instalar un tambo o para modificar el sistema productivo. ¿Quién va a invertir si no sabe qué podrá hacer? También cuestiono cómo se compatibiliza la construcción de una represa dentro de un área protegida con las restricciones sobre los cursos de agua. Es algo que tendrán que analizar quienes corresponda.

— ¿Qué plantea respecto de las medidas para impedir el acceso del ganado a los cursos de agua?

— En muchos lugares ya están alambrados donde se puede, porque también necesitamos evitar que el ganado se pierda. Donde no se alambra, a veces es porque las crecientes no lo permiten, y en otros casos porque el curso está integrado al campo.

Si se pretende que los animales dejen de utilizar una parte de la propiedad, entiendo que debe reconocerse esa afectación y expropiarse. También hay un costo importante de alambrado que no puede ignorarse.

— ¿Qué respuesta espera de las autoridades?

— Entiendo que Presidencia puede poner sentido común. Nosotros tenemos que hacer la defensa. Si se crea un área protegida en Casupá, ¿qué se hará con Paso Severino y con el resto de la cuenca? Creo que es un tema que debe movilizar a todos los productores, porque no sabemos por dónde sigue.

“No puede ser que alguien que quiere ponerse a trabajar no consiga salir de la vuelta de los permisos”

Además, hay productores que quieren invertir y encuentran dificultades para obtener permisos ambientales. No puede ser que alguien que quiere ponerse a trabajar no consiga salir de la vuelta de los permisos.

— ¿Qué sabe ARU sobre la ausencia de representantes de la industria frigorífica en las reuniones de INAC?

— No nos han enviado nada. No hay una nota oficial que explique una molestia o los motivos por los que no concurren. La Junta de INAC sigue trabajando cuando tiene cuórum y seguirá tratando los temas.

Desde ARU no hicimos una consulta. Tampoco estamos en un momento de tensión extraordinaria entre la industria y los productores. Ha habido tensiones muchas veces, pero no vemos una situación adicional en este momento.

— ¿La posición de Gabriel Capurro sobre la extranjerización de la tierra modificó la postura institucional?

— No. ARU tiene su posición, que expuso por escrito cuando comenzó la discusión en el Senado. El expresidente Capurro tiene otra visión, que es personal, y pidió que se tratara en la Junta. Se abrió el debate y se mantuvo la posición institucional, sin ningún problema.

Que alguien tenga una posición distinta y quiera expresarla personalmente no nos genera una dificultad.

— ¿Uruguay está cómodo con un mecanismo de “primero llegado, primero servido” para las cuotas del acuerdo Mercosur-Unión Europea?

— En los números generales, Uruguay está cómodo. Pero no es lo mismo una planta grande que otra con un volumen diferente, y ahí hay que trabajar. Es una cuestión de negocios entre dos partes y, con ese sistema, quienes tienen la decisión del lado europeo eligen con quién hacerlos.

Están eligiendo mayoritariamente a Uruguay y Argentina, pero eso no dice cómo se distribuye la participación entre las plantas. Ahí puede aparecer algún problema interno.

— ¿Qué desafíos ve para los lácteos?

— El problema principal es la competencia europea en Brasil. Lo que no podemos hacer es complicarnos internamente. Uruguay tiene que incorporar más valor agregado a la cadena y obtener el mayor valor del producto, tratando de salir un poco de la lógica de la leche en polvo como forma segura de venta.

Creo que Conaprole está en condiciones de competir profesionalmente y que hay otras plantas que también están bien. En otros casos habrá que avanzar en profesionalización.

— ¿Tiene información sobre las denuncias de mezcla de soja paraguaya y uruguaya en Nueva Palmira?

— Me dijeron que es un tema viejo y me llama la atención que aparezca ahora, cuando hay otros asuntos en el puerto. Pero no conozco lo suficiente como para opinar.