La gremial sostuvo que el problema central es la concentración de la propiedad y la baja rentabilidad productiva. Propuso mayor transparencia sobre los propietarios finales, financiamiento para productores nacionales y cambios en los beneficios que reciben los grandes capitales.
La Federación Rural expresó su discrepancia con restringir la compra de tierras según la nacionalidad del comprador y planteó que las políticas públicas deben concentrarse en mejorar la rentabilidad de la producción, facilitar el acceso de los productores uruguayos y eliminar los regímenes de excepción que, a su juicio, favorecen a los grandes capitales.
En un comunicado titulado “Extranjerización de la Tierra”, la gremial manifestó que comparte la preocupación por el despoblamiento del interior, la pérdida de productores medianos y familiares y las dificultades del productor local para acceder a la tierra. Sin embargo, cuestionó el instrumento propuesto para abordar esos problemas.
“Lo que afecta el tejido productivo es la concentración, sea de capital nacional o extranjero”, afirmó la Federación Rural. En ese sentido, consideró que la nacionalidad del comprador es un indicador inadecuado para identificar el problema.
“Lo que afecta el tejido productivo es la concentración, sea de capital nacional o extranjero”
La institución también advirtió que restringir quién puede comprar reduce el valor del campo del propietario actual, que —según señaló— es mayoritariamente un productor uruguayo, sin que exista una compensación. Agregó que un cambio en las reglas de propiedad puede afectar la reputación de previsibilidad que construyó Uruguay y generar consecuencias que excedan al sector agropecuario.
Asimismo, cuestionó conceptos como el de “control efectivo”, por entender que abren un margen de discrecionalidad administrativa que la gremial no comparte.
Rentabilidad, precio de la tierra y concentración
Para la Federación Rural, la extranjerización no se explica únicamente por la nacionalidad de los propietarios. Su diagnóstico ubica el problema central en la baja rentabilidad operativa del negocio productivo frente al elevado precio de la tierra y en los beneficios fiscales que obtienen grandes capitales mediante regímenes de excepción.
La combinación de esos factores, sostuvo, genera una brecha que dificulta cada vez más el acceso de los productores uruguayos a la propiedad.
El comunicado contrapone la situación de empresas con carteras diversificadas, que utilizan la tierra como activo de refugio, con la del productor tradicional, que depende de su margen productivo. Según la gremial, cuando la rentabilidad es baja, la presión financiera puede conducir a un uso intensivo y extractivo del suelo, sin asegurar sostenibilidad.
La Federación también puso el foco en las solicitudes presentadas bajo el régimen de excepción de nominatividad. De acuerdo con las cifras citadas en el documento, entre 2007 y 2020 se solicitaron cerca de 7 millones de hectáreas bajo ese mecanismo, equivalentes al 43,75% de la superficie nacional. Ocho empresas concentraron aproximadamente el 80% de la superficie solicitada.
La entidad consideró que los regímenes de excepción con incentivos tributarios generan condiciones de competencia desiguales y perjudican a los sistemas productivos que no cuentan con esas ventajas.
Registro de propietarios y eliminación de excepciones
Entre sus propuestas, la Federación Rural planteó establecer un sistema público de registro y trazabilidad de la propiedad de la tierra, que permita identificar a los propietarios finales y evitar que permanezcan ocultos detrás de sociedades pantalla o fideicomisos.
También reclamó eliminar el régimen de excepciones y la facultad del Poder Ejecutivo de otorgarlas. A su entender, ese mecanismo favorece a grandes capitales y debilita las posibilidades de acceso de los productores locales.
En sus conclusiones, la gremial cuestionó que la iniciativa legal en discusión mantenga la excepcionalidad, a la que identificó como uno de los principales problemas para la accesibilidad. En particular, propuso eliminar las excepciones para la compra de tierras por sociedades anónimas con acciones al portador.
Crédito y facilidades para productores uruguayos
El comunicado propone herramientas de financiamiento a largo plazo, con condiciones promocionales para productores nacionales y para facilitar el recambio generacional.
La Federación también sugirió beneficios fiscales para compradores uruguayos, facilidades sucesorias para los herederos y medidas que aseguren condiciones de competencia justa en el mercado de tierras.
En materia de competitividad, reclamó reducir el “costo país” y aplicar un enfoque macroeconómico que contemple el desarrollo territorial y la descentralización.
Dentro de ese planteo, propuso exonerar la intervención del Instituto Nacional de Colonización cuando el comprador sea nacional y tenga una trayectoria productiva comprobada. Además, pidió mejorar las condiciones de crédito del Banco República, con garantías que permitan a los productores afrontar eventuales dificultades.
Inversión extranjera y desarrollo rural
La Federación Rural sostuvo que Uruguay debe fortalecer su Marca País a partir de atributos como la calidad, el trabajo familiar, el cuidado de los recursos naturales y la participación de mujeres y jóvenes como protagonistas de sus propios emprendimientos.
Para la gremial, ese camino requiere igualdad de oportunidades y condiciones de competencia que permitan el desarrollo de distintos actores productivos.
El comunicado concluye que, cuando producir es rentable y competitivo y la legislación deja de favorecer a grandes capitales mediante excepciones, la extranjerización deja de constituir un problema estructural.
La institución aclaró que las inversiones extranjeras son bienvenidas y defendió su aporte cuando existe una competencia sana y complementariedad con la producción nacional. Su planteo, afirmó, apunta a un desarrollo rural con sistemas más productivos, ambientalmente sustentables y capaces de colocar productos de excelencia en los mercados más exigentes.
