En su última revista, la número 193, una edición especial vinculada a la Expo Prado 2018, la Asociación Rural del Uruguay publicó un editorial relativo a los Consejos de Salarios, a las razones por las que junto a las otras gremiales del sector se retiró de los mismos, y donde se solicita que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sea neutral. Lo compartimos a continuación.
En el ejercicio de la democracia plena, no aquella que solo se justifica por un mero acto electoral, sino la que se extiende a través del ejercicio del poder en el respeto al Estado de derecho y la plena vigencia de sus instituciones, garantía última en la consideración de todas la voluntades e intereses que se manifiestan en una sociedad libre, los consejos de salarios constituyen un instrumento fundamental en el necesario acuerdo entre las empresas y los trabajadores.
No se trata de la confrontación sanguínea entre intereses contrapuestos, antes bien todos los actores están condicionados por los avatares de la economía del país y las circunstancias que determinan la competitividad de las empresas que en ella se desempeñan. Empresarios y trabajadores están en un mismo barco que avanza si ambos reman en la misma dirección, esto es asegurar la creación de trabajo a través de la iniciativa privada, principal razón de empleo en una economía de libre mercado.
Empresarios y trabajadores están en un mismo barco que avanza si ambos reman en la misma dirección
Ahora bien, si hay quienes entienden que los Consejos de Salarios son una trinchera más para la lucha de clases, atentando contra la libre empresa y la economía de mercado, entonces el instrumento se prostituye en su rol de ámbito de acuerdos en el marco de los valores y principios de la democracia liberal y la vigencia de sus instituciones.
Así las cosas, la decisión de las gremiales rurales retirándose de los consejos de salarios se fundamentó en la falta de las garantías que deberían ser otorgadas por quien se espera sea el fiel de la balanza asegurando la equidad en estos ámbitos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en representación del Gobierno de la República.
Lo actuado por la Gremiales se reafirma con los hechos posteriormente ocurridos en ramas de otros rubros donde postergaron y/o suspendieron sus respectivos Consejos en función de actos administrativos infundados relativos a todos los Grupos, donde las debidas formalidades fueron omitidas integralmente por la Dirección Nacional de Trabajo, aplicando correctivos que no respetan lo acordado en la anterior Ronda de Negociaciones (2016) en contradicción a los datos objetivos de la evolución de los datos económicos (IPC) del país en el último período. No se trata de valorar la entidad económica del correctivo, es un asunto de principios.
No se trata de valorar la entidad económica del correctivo, es un asunto de principios
Al comparar salarios con la productividad agropecuaria (medidos ambos en dólares corrientes), desde el año 2005 a la fecha los primeros se incrementaron un 662% (sin considerar ficto de alimentación y vivienda) en tanto que la productividad del sector (PIB Agropecuario) logro aumentar la tercera parte, un 212%.
El incremento no se corresponde con la realidad de la producción agropecuaria donde es un dato objetivo el incontrolable aumento de desempleo (106.000 cotizantes año 2011 / menos de 90.000 año 2017) y pérdidas de productores cotizantes, todos del sector rural (70.000 año 2011 / 60.000 año 2017).
Estos números, además del enorme costo país infinitamente reclamados por la Asociación Rural de Uruguay, dificultan la actividad provocando cada vez menos inversión, en particular para los productores nacionales que no son atendidos por las políticas fiscales y recaudadoras del Gobierno.
la actual postura del MTSS ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la OIT frente a los reclamos de las Cámaras Empresariales
Más aún, la actual postura del MTSS ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la OIT frente a los reclamos de las Cámaras Empresariales, haciendo oídos sordos a las indebidas e ilegítimas ocupaciones de empresas privadas, donde los empresarios y trabajadores que discrepan con los conflictos promovidos desde un sindicalismo clasista son coartados en el derecho de acceder a sus instalaciones aun cuando de ello dependa la propia conservación de bienes perecederos.
Exigimos neutralidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como también el respeto a las formas exigidas por la Constitución, Leyes y Decretos vigentes.
