Caputo se reunió este jueves con las cámaras empresariales para explicar su política económica, que incluye gravar con 15% a las exportaciones del sector; la medida es rechazada enfáticamente por las gremiales, que pidieron a los legisladores no votar el proyecto en el Congreso.
El ministro de Economía argentino, Luis Caputo se reunió este jueves con distintas cámaras empresarias, entre las que se hizo presente la Mesa de Enlace, el Consejo Agroindustrial Argentino y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
El secretario de Estado explicó los lineamientos de la política que pretende llevar adelante, que incluye una suba generalizada de impuestos al agro, gravando con un 15% a las exportaciones del sector, con excepción de algunas economías puntuales.
Por la Mesa de Enlace participaron el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; y Mario Raiteri, secretario general de Coninagro. Por el CAA estuvo presente José Martins, mientras que por CAME estuvo Alfredo González.
“Pedimos un cronograma de eliminación del total de las retenciones, porque es un impuesto totalmente arbitrario e injusto”, dijo el presidente de la CRA, Carlos Castagnani
En la reunión fue tema relevante la suba de retenciones, puesto que según Castagnani el pedido fue puntual, para que no las suban: “No solamente eso, pedimos un cronograma de eliminación del total de las retenciones, porque siempre sustituimos, no ahora, que es un impuesto totalmente arbitrario e injusto y de ahí no nos vamos a bajar. Es el mandato que tenemos nuestros productores”, manifestó el dirigente.
Al respecto Carlos Achetoni describió: “Marcamos que esta reforma o proceso de cambio de paradigma cultural, también estamos ansiosos de que suceda, porque llevamos 21 años pagando retenciones y la verdad no ha servido de nada, porque tenemos mayor pobreza. Lo único que ha hecho es dejarle poca rentabilidad al productor y a muchos desplazarlos y dejarlos fuera del circuito productivo. Entonces creo que tenemos que ir en un proceso de un esquema de retiro de retenciones, para que nos parezcamos a cualquiera de nuestros países vecinos, que no tiene retenciones, que no tiene dualidad cambiaria, que no tiene inflación y que no tiene el índice de pobreza que tenemos en Argentina”.
“Tenemos que ir en un proceso de un esquema de retiro de retenciones, para que nos parezcamos a cualquiera de nuestros países vecinos, que no tiene retenciones, que no tiene dualidad cambiaria, que no tiene inflación y que no tiene el índice de pobreza que tenemos en Argentina”, expresó Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.
El presidente de la Federación Agraria explicó luego de la reunión: “Entendemos la situación, pero no compartimos el tener que cargar con más mochilas y retenciones. Lo peor de todo es que no nos garantizan la temporalidad de lo que pretenden incrementar. Venimos de una temporalidad de seis meses que fueron 21 años. Venimos de una extrema sequía, faltaron US$ 21.000 millones pero nadie se acuerda que el primero fue el productor. Eso hace que cualquier presión impositiva que nos impongan, les signifique salir del circuito”.
Pedido a los legisladores
Días antes el Consejo Agroindustrial Argentino, liga que nuclea a más de sesenta entidades productivas del agro, exigió a los legisladores nacionales que debatirán el proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo al mando de Javier Milei envió al Congreso para su debate, que no apoyen un incremento de los derechos de exportación, es decir, las retenciones.
Carga fiscal adicional de US$ 1.505 millones al agro argentino
Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Guido D’Angelo, Tomás Rodríguez Zurro, Bruno Ferrari y Emilce Terré, esta suba de derechos de exportación impactará fuertemente en gran parte de la agroindustria argentina. De aprobarse, este incremento de retenciones redundaría en una carga fiscal adicional de más de US$ 1.505 millones para las cadenas agroindustriales del país, sólo en 2024.
Recaería con más fuerza sobre las exportaciones originadas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aunque el impacto sería relevante en todo el país. Un desincentivo exportador sobre las cadenas agro, las economías regionales, las carnes y la pesca.
El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comúnmente conocida como Ley Ómnibus, incluye dentro de su contenido un incremento de derechos de exportación.
También incluye el alza de 2% en la alícuota para la exportación de harina y aceite de soja, desde 31% a 33%. Asimismo, salvo algunas excepciones dentro de las economías regionales, se llevará al grueso de las exportaciones argentinas de bienes a una alícuota general del 15% para cualquier valor FOB exportado.
En las principales cadenas agrícolas (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) se espera un impacto fiscal superior a los US$ 561 millones. Por su parte, el incremento de presión fiscal sobre las economías regionales se estima en US$ 504 millones, en tanto la suba de derechos de exportación espera recaudar US$ 284 millones y US$ 156 millones en carnes y pesca, respectivamente.
El impacto sobre la producción
Se espera una detracción adicional de US$ 198 millones para la cadena de la soja, US$ 154 millones para la cadena del maíz, US$ 71 millones para la cadena triguera, US$ 95 millones para la cadena del girasol, entre otros complejos.
Fuentes: Bichos de Campo y Bolsa de Comercio de Rosario.
