A apenas un mes de que expire la licencia actual para el uso del glifosato en Europa –vence el 15 de diciembre- el debate vuelve a escena esta semana, en medio de un juego intenso de intereses y presiones. Algunos países proclaman que no accederán a una autorización por mucho tiempo. Otros, en cambio, están dispuestos a concederle un plazo de varios años.

En las últimas horas, se le dio bastante difusión a la noticia de que Francia votará en contra de cualquier propuesta que implique una nueva autorización europea para el uso del glifosato por más de tres años, o sea, aunque no lo dice, votará una extensión por ese lapso.

El ministro de la Transición Ecológica de Francia, Nicolas Hulot, hizo una declaración que deja márgenes para la conjetura: “No votaremos para (una ampliación de la autorización a) cinco años”.

UN DÍA CLAVE

La Comisión Europea, probablemente este jueves 9, terminará haciendo una propuesta a los Estados miembros de una renovación del derecho para comercializar el glifosato por cinco años suplementarios.

El ministro francés afirmó que si no se hubiera mostrado firme, el glifosato habría obtenido una autorización por otros diez años y remarcó que “Francia hace punta” en la intención de proscribirlo.

En la vereda del frente, España apoya una propuesta para renovar el permiso hasta 2027, pero durante la reunión ha mostrado «flexibilidad» en aras de conseguir un acuerdo, han señalado fuentes diplomáticas.

La posición de cada país obedece a sensibles intereses económicos, aunque una fracción los presente con argumentaciones ambientalistas o vinculadas a la salud (las acusaciones de que el glifosato es un potencial causante de cáncer).

CONSENSOS Y MAYORÍAS

La Comisión Europea –el organismo al que compete promover la autorización o restringirla- ha manifestado en varias ocasiones que no tomará una decisión unilateral sobre la renovación de la licencia del herbicida sin el apoyo de una mayoría amplia de Estados miembros. Pero el tiempo no sobra.

Para ser validada la propuesta de la Comisión Europea debe obtener el apoyo de 16 de los 28 Estados miembros, que representen al menos al 65% de la población de la UE.

Si finalmente no se consigue un consenso, el agroquímico no podría ser comercializado en el bloque de la Unión Europea y los Estados miembros dispondrían de un periodo de 18 meses para agotar las existencias.

¿5 O 7 AÑOS DE PRORROGA?

Como opción de última hora ha aparecido la posición de una prórroga de entre 5 y 7 años.

Francia, Austria e Italia, son algunos de los Estados que más se oponen a una prolongada autorización.

Tomado de agroverdad.com.ar

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