Señalan que “violentaría claras normas en materia de contratación estatal y principios fundamentales reconocidos constitucionalmente como el derecho al trabajo, la transparencia y el interés público, además de compromisos previa y públicamente asumidos”.
Las empresas aeroagrícolas critican la decisión de comprar aviones para la campaña de erradicación de la mosca de la bichera. Afirman que contratar sus servicios sería menos costoso y aseguran que sus aviones y personal están totalmente aptos para realizar la tarea de liberación de moscas estériles.
En entrevista con Agronegocios Sarandí, el expresidente de la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas (Anepa) y actual directivo de esa gremial, Julio Placeres, recordó que en 2020 comenzaron las reuniones con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), “hasta que el año pasado nos enteramos del acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional para que la Fuerza Aérea hiciera la dispersión de las moscas y la compra de tres aviones para realizar este trabajo”.
“Se argumentó que la forma más económica de realizar el trabajo era con estos aviones y con la Fuerza Aérea, pero la pregunta es: ¿si nunca nos preguntaron el precio cómo saben cuál sería el costo si lo realizaba el sector privado?”, planteó.
Placeres señaló que los aviones que se pretenden comprar son con motor a pistón, de última generación, “sin dudas un gran avión, pero no lo encontramos apropiado para este trabajo”.
A continuación el comunicado difundido a la opinión pública, firmado por autoridades de la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas (Anepa) y de la Cámara de Operadores Aeronáuticos de Uruguay (Copau):
Con inmensa preocupación y luego de realizar todas las acciones previas a su alcance, los abajo firmantes vienen a exponer ante la opinión pública su parecer respecto de los avances del Plan de Erradicación de la Bichera en el territorio nacional, el cual ha tenido una derivación que, de confirmarse, violentaría –a nuestro juicio– claras normas en materia de contratación estatal y principios fundamentales reconocidos constitucionalmente como el derecho al trabajo, la transparencia y el interés público, además de compromisos previa y públicamente asumidos.
Como es sabido y ha sido extensamente publicitado por comunicaciones oficiales, el referido plan establecido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y previsto su financiamiento final con aporte privado del sector agropecuario, consiste en la dispersión aérea de moscas ya esterilizadas a efectos de combatir el gusano barrenador, en tanto este flagelo le insume al país, pérdidas del entorno de los 40 millones de dólares en el sector ganadero y presenta más de 1.000 casos por año en humanos.
Ahora bien, para arribar al objetivo, se fueron efectivizando diversas etapas, determinándose como una de las líneas de acción la de involucrar al sector aeroaplicador privado nacional, a partir de una anunciada pero, hasta ahora, jamás concretada, licitación del referido servicio aéreo de dispersión de moscas.
Los contactos con los abajo firmantes por parte del MGAP, se iniciaron entre diciembre 2020 y enero 2021, con varias reuniones sucesivas y posteriores, donde siempre estuvo clara la posibilidad de competir en igualdad de condiciones en un procedimiento licitatorio que se impone ante lo que se considera el mayor y más amplio proyecto de la aviación general hasta el presente, involucrando entre 6.000 y 10.000 horas de vuelo, extremo que incluso fue reafirmado en instancia reciente por el Señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ing. Agr. Fernando Mattos, en alocución efectuada por zoom en el Congreso ANEPA 2023 realizado en Salto entre el 16 y el 18 de agosto de 2023.
Debe tenerse presente, que el sector privado aeronáutico nacional se encuentra en condiciones y capacidades técnicas, operativas y económicas de realizar el servicio, con la experiencia necesaria y las autorizaciones y exigencias aeronáuticas vigentes, en tanto operadores bajo norma RAU137.
Por ello, es que desde un principio y ante el reiterado anuncio estatal, se estaba de acuerdo en que un procedimiento licitatorio aseguraría la igualdad entre oferentes, la competencia saludable entre operadores y por sobre todas las cosas, la obtención de las mejores condiciones técnicas de precio, plazo o calidad para el fin perseguido, siendo necesario destacar que el citado procedimiento licitatorio se encuentra impuesto para contrataciones de esta relevancia económica, sin que actúe ni se presente ninguna de las causales de excepción previstas en el artículo 33 del TOCAF. Por lo menos así, era el camino trazado hasta la última instancia de intercambio entre el sector y el MGAP el 17 de abril de 2023, en línea ratificada posteriormente por el propio Ministro Mattos, en el Congreso de Salto ya citado, efectuado en agosto del año pasado.
No obstante, en este último período y a través de diversas fuentes, se ha tomado conocimiento de un Convenio entre el MGAP y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para que las moscas sean diseminadas en aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), el que habría sido firmado por las autoridades ministeriales el pasado 22 de diciembre de 2023 y que obviamente dejaría sin efecto los compromisos e intercambios previos con el sector privado que vislumbraban un procedimiento competitivo licitatorio para ese trabajo. Incluso ha trascendido que estaría procesándose la compra de aviones bimotores TECNAM P2012, con la presunta finalidad de, entre otros cometidos, emplear tales aeronaves para esa tarea; en una actividad que, además, aparecería totalmente ajena a la visión y misión de la Fuerza Aérea Uruguaya y a su carta orgánica actual.
Por ello lo del principio, la gran preocupación del sector, por cuanto sin cerrarse el intercambio con el MGAP iniciado oportunamente sobre esta temática y habiéndose demostrado siempre el gran interés de hacer realidad esta contratación a través de un procedimiento licitatorio transparente e igualitario para todas las partes en un emprendimiento de enorme trascendencia económica por involucrar varios millones de dólares en su desarrollo definitivo, a partir de un proceso continuo que no admitiría interrupciones, finalmente se conoce que se habría decidido por el Estado –lo que esperamos no sea así– en prescindir completamente de la fuerza de trabajo especializada privada en materia de aeroaplicaciones a nivel nacional, pasando a gestionarse el tema a nivel estatal a partir de un acuerdo directo MGAP-MDN que no fue preanunciado a este sector, ni tampoco comunicado que no se adoptaría el proceso licitatorio reiteradamente anunciado, sin que podamos saber las razones de esta decisión y cuánto se asegura la continuidad de la prestación, considerándose esta solución, por nuestras previsiones, sumamente más gravosa para el sector agropecuario que financiará económicamente el plan y en definitiva, constituyéndose en una determinación que, a nuestro juicio, no solamente contradice normativas vigentes y compromisos previamente asumidos sino que pone en riesgo el objetivo inicial como lo es, la erradicación de una plaga con amplio espectro nacional y gran perjuicio económico para la economía uruguaya.
Esperando que desde los diversos actores estatales, se reencause el tema y se otorguen todas las garantías, es que agradecemos a todos quienes, desde la opinión pública, atiendan el presente comunicado general.
