En un documento denominado Visión y Aportes de la entidad sobre el proyecto de ley de presupuesto 2021-2025, se pone énfasis en analizar diferentes aspectos dela normativa con el objetivo de que el Presupuesto Nacional aporte al desarrollo rural integral, con políticas públicas diferenciadas para la producción familiar.

La Comisión Nacional de Fomento Rural advierte sobre algunos aspectos que considera preocupantes vinculados al MGAP, Colonización, INIA, Mevir, Inase, Instituto Nacional de la Granja, Fondo de Emergencia Agropecuaria y de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana entre otros.

Ofrecemos a continuación el texto del resumen ejecutivo del documento:

Desde CNFR reafirmamos nuestra convicción que para un crecimiento sostenible y con equidad es necesario un Desarrollo Rural Integral. Se debe reconocer al Productor o Productora Familiar, como sujeto de políticas diferenciadas. Familias rurales, que viven y producen en sus pedios y que se expresa bajo el concepto de Producción Familiar, es una forma particular y válida de producir alimentos, generar ingresos, generar empleo en la familia y más allá de ella y de contribuir a la generación de condiciones de vida digna en el medio rural, conservando los recursos naturales y cuidando el medio ambiente.

La Producción Familiar es capaz de reaccionar positivamente a los estímulos de los mercados y de las políticas públicas, cuando ambos estímulos se reciben en forma clara y armoniosamente integrados.

Este reconocimiento se debe traducir en Políticas Públicas Diferenciadas para la Producción Familiar, que atiendan las necesidades de inversión, financiamiento, disponibilidad de tecnologías apropiadas, innovación y asistencia técnica de las unidades productivas familiares y demás condiciones para la vida digna en el medio rural.

ACERCA DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL

UNO

Lo primero que queremos expresar, es una cierta contradicción entre los objetivos propuestos para este proyecto de Ley, expresados en el “Mensaje y Exposición de Motivos” referidos a la importancia del Desarrollo Rural, los cambios propuestos para la gestión de las políticas públicas en este sentido y el desarrollo rural a través de la generación de bienes públicos a gestión y la asignación presupuestal que surge del análisis, para áreas estratégicas que, a nuestro juicio, son prioritarias para la aplicación de estas políticas. Entendemos que, de aprobarse el Art. 259, se afecta el nivel institucional y operativo para el Desarrollo Rural Integral.

DOS

CNFR exhorta a mirar con mucha atención el papel del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el desarrollo de los territorios rurales, como una de sus funciones más importantes y como una política clave para un desarrollo nacional dinámico, armónico y territorialmente equilibrado. La afectación de la dotación de personal del MGAP, en la medida que un guarismo del orden del 50% de sus recursos humanos se encontrará en condiciones de retiro durante el quinquenio, la no provisión de vacantes y en relación al presupuesto asignado para el desarrollo rural, dejan muchas dudas sobre la calidad de sus servicios en el futuro y la capacidad de articular servicios con otros organismos, en especial en materia de desarrollo rural.

TRES

La CNFR señala el debilitamiento institucional que supone para el Instituto Nacional de Colonización (INC) la reducción en la asignación presupuestal prevista para que el Instituto pueda cumplir su papel legal. La modificación que introduce la Ley de presupuesto en el Art. 570, la incertidumbre que genera el cambio introducido en el Art. 64, así como el monto previsto para el Fondo de Colonización, significa un retroceso en la capacidad de proyección colonizadora, aspecto que perjudica a los productores familiares con problemas de escala, a los jóvenes rurales aspirantes a tierra y a los arrendatarios con tenencia precaria. Tan solo  considerando el presupuesto asignado en el presente proyecto, se identifica una pérdida del 90% de fondos presupuestales asignados a la tarea colonizadora.

CUATRO

Se resalta la preocupación en cuanto al monto de presupuesto que efectivamente se llegue a destinar por parte del Estado para la investigación agropecuaria a través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Por otro lado, a través de los Art. 568 y 569 se modifica la ley de creación del INIA e Instituto Nacional de Semillas (INASE), lo que significa un cambio sustancial en el diseño institucional, dejando de forma voluntaria el compromiso del aporte de la contraparte del Estado, con la consecuente incertidumbre que genera eso a la hora de la planificación y proyección de líneas de trabajo a mediano y largo plazo como la que están llamados a asumir estos institutos, sumado a dificultades presupuestales que ya se venían acarreando con anterioridad. Por otro lado, no se explica que dicho diseño institucional, siendo ejemplo a nivel mundial de un instituto de investigación agropecuaria con el cofinanciamiento entre productores y Estado y de coparticipación en la gestión del mismo, se lo quiera modificar; además de que a través de consultorías externas se ha concluido que por cada peso que se vuelca al INIA el retorno es de 16.

CINCO

Fondo de Emergencia Agropecuaria. (Art. 258). Si bien compartimos desarrollar los seguros agrícolas, esto no debería afectar los recursos destinados a la atención de las consecuencias generadas por catástrofes climáticas o derivadas de plagas y/o enfermedades que no cuenten con mecanismos de cobertura disponibles.

SEIS

Fondo de Fomento de la Granja (FFG). Si bien el FFG mantiene su presupuesto, nos preocupa cual será el financiamiento del futuro Instituto de la Granja ya que, no está comprendido por el presente proyecto de Ley y no sería bueno destinar fondos del FFG a financiar la estructura de funcionamiento del Instituto a crearse.

SIETE

Plan Nacional de Agroecología. No se identifica de qué forma prevé el Presupuesto Nacional aportar al Financiamiento del Plan Nacional de Agroecología, teniendo en cuenta que es una línea de trabajo que se debe considerar como una de las líneas de trabajo a priorizar dentro del conjunto de políticas diferenciadas para el desarrollo rural.

OCHO

Incertidumbre y preocupación en torno a la creación de la «Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria», Art. 271. Se generan dudas acerca de la forma en la que será considerada la opinión de los productores en torno a este tema tan importante, sobre su efectivo acople institucional y el rol de aporte y articulación con el Plan Nacional de Agroecología.

NUEVE

Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM) Art. 274 a 275. Entendemos que la forma y el momento del planteo, dado que está muy próxima su inauguración, no fueron correctos, además de haber sido en forma totalmente inconsulta no solamente con la intendencia, sino con las gremiales granjeras en los ámbitos correspondientes. Luego de las diferentes derivaciones, entendemos que lo más oportuno sería eliminar estos artículos, más allá que compartimos las preocupaciones vinculadas a los posibles costos adicionales, las dificultades de los más pequeños para su traslado y la necesidad de mejorar la gobernanza.

DIEZ

Queremos manifestar preocupación por el cambio de “ruta tecnológica”, que implica el artículo propuesto en torno al combate a la mosca que ocasiona la bichera y que se basa en el “apagado” de ciertos genes en las moscas macho para evitar la reproducción, frente a la esterilización. La estrategia que se viene desarrollando hasta el momento, se apoya en investigaciones científicas coordinadas y articuladas entre el INIA, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el Instituto Pasteur que entendemos deberían ser consideradas, y sopesadas las consecuencias favorables y desfavorables de ambos modelos tecnológicos.

ONCE

Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por el recorte presupuestal que podría estar teniendo MEVIR, siendo la vivienda rural y la vivienda productiva aspectos también fundamentales para el desarrollo rural integral.

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